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Las “otras” fritangueras

Flor María Navarro Gómez es una mujer que ha conseguido levantar su familia, su casa en el barrio Loma Fresca en las faldas del Cerro de la Popa, sus muebles y todo lo material que tiene gracias a otro mueble y al oficio diario que inicia antes de que despunte el sol y llegue la brigada de la Gerencia de Espacio Público Distrital a su sitio de trabajo: el negocio de mesa de fritos que durante más de treinta años mantiene en el barrio de Castillogrande en Cartagena de Indias. Antes de que este sector se llenara de los edificios que hoy tiene a tutiplén y pretenden rascar el cielo, mucho tiempo antes de que se construyera el paseo peatonal cerca a la playa donde diariamente instala su venta de fritos, cuya propuesta de remodelación tiene a punto de expulsarla a ella y otras mujeres como ella de esta zona cuidada por las propias vendedoras informales, la mayoría de ellas madres cabeza de hogar de origen afrodescendiente.

Flor María, sus hermanas Gisella Navarro Gómez y Gloria Vásquez Gómez que también vive en el barrio Loma Fresca y Virgilia Maldonado que vive en el barrio Las Palmeras, cuatro de las treinta mujeres que iniciaron la Asociación de Vendedoras de Castillo (Asovencastillo), creada en el año 1998, cuatro de las catorce mujeres que permanecieron en la organización y firmaron un convenio con la Alcaldía Mayor de Cartagena y su Gerencia de Espacio Público y Movilidad para no continuar con sus negocios en el Paseo peatonal, han visto crecer a Castillogrande y a los árboles sembrados por ellas mismas.

De igual forma han visto llegar e irse alcaldes, alcaldesas mayores y menores, y gerentes de espacio público distrital como el alcalde mayor Nicolás Curi Vergara y la gerente de Espacio Público y Movilidad Urbana Edith Salas Osorio, con quienes en el año 2007 firmaron un acta de acuerdos donde se definió, entre otros puntos, que “las partes vigilaran para que se respete el Registro Único de vendedores informales, quienes son los únicos vendedores que pueden transitar por el espacio público hasta tanto la administración no presente un programa especial para el fomento y desarrollo microempresarial, que permita el apoyo a la economía informal y la restitución del espacio público”.

Siete años después de la firma de esta acta de acuerdos en la que participaron otros vendedores de Bocagrande, Castillogrande y Laguito y el director ejecutivo de la Asociación de Vecinos de Bocagrande, Castillo y Laguito (ASOBOCALA), la administración distrital pretende restituir el espacio público sin adelantar un programa especial para el fomento y desarrollo microempresarial de las mujeres fritangueras que permanecen en pie de lucha en el paseo peatonal con la solidaridad de muchas personas y organizaciones asentadas en Castillogrande, al pie del cañón junto a sus mesas de frito y fogones con elementos nuevos: una bandera de Colombia y otra blanca símbolo de la paz. Ni para las mujeres que ya se fueron llevando entre sus manos aproximadamente unos nueve millones de pesos como capital semilla entregado por la Alcaldía Mayor.

Siete años después la administración distrital no ha cumplido con la tarea de presentar el programa especial, pero sí pretende recuperar el carácter público del paseo peatonal y el desalojo de todas las vendedoras entregando solo dinero, sin tener en cuenta además el estudio en detalle de cada caso en particular y sin detectar todas las posibles consecuencias negativas que puedan derivarse de la puesta en marcha de dichas políticas, como lo recomienda la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-773 del 25 de septiembre de 2007. La Gerencia de Espacio Público y Movilidad Distrital debería en su programa de recuperación del espacio público contar además con políticas diferenciales para que se oiga también la voz de las mujeres que ejercen la venta callejera, tal cual como se lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia T-386/13.

Siete años después la administración del alcalde mayor de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo no es consecuente con las actuaciones de la administración de Nicolás Curi Vergara, con las relaciones establecidas entre el Estado y las vendedoras, violando la legítima confianza, alterando los acuerdos establecidos y las expectativas serias de las fritangueras, las cuales se sienten defraudadas y abogan por el Principio de confianza legítima que las ampara constitucionalmente.

En la actualidad, la administración distrital, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, no ha hecho a cabalidad la tarea de desalojo debido a una acción de tutela presentada el día 19 de enero de 2015 por Flor María Navarro Gómez, presidenta de Asovencastillo, donde se alega que con esta actuación se les viola los derechos al mínimo vital, el debido proceso y se les discrimina como mujeres y como mujeres negras. Y porque el juzgado que recibió la tutela ordenó la suspensión del desalojo como medida provisional para proteger los derechos presuntamente violados.

Seguir lectura en el siguiente enlace: Las otras fritangueras.

Carlos Díaz Acevedo, puntos_de_encuentro@hotmail.com

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