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Ulahy Beltrán López | ¡Ay, La Guajira!

Ulahy Beltrán López, colaborador.
Ulahy Beltrán López, colaborador.

¡Ay, La Guajira!

Hace un par de semanas analizamos en esta columna cómo la inequidad en la distribución de los recursos alimentarios que se producen en Colombia conduce a desnutrición y muerte de niños en algunas zonas del país. De manera específica, hay un departamento que tanto para el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social como para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ahora también para la Defensoría del Pueblo, ha generado especial preocupación en ese sentido: La Guajira.

En un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo informa que en La Guajira en el 2014 por lo menos 43 niños han muerto por factores asociados a la desnutrición, que significan 23 muertes más de las registradas el año pasado por las mismas causas, situación que podría ser mucho más grave porque de acuerdo con las comunidades que habitan la región, en su mayoría de la etnia wayuu, muchas muertes de niños no son reportadas debido a las distancias y condiciones de abandono. Ya en agosto de este año esa entidad había declarado una “crisis humanitaria” por la desnutrición de al menos 30.000 niños en ese departamento.

La entidad que vela por la defensa de los derechos humanos en el territorio nacional pudo comprobar en un seguimiento realizado durante seis meses en las rancherías de ese departamento que dicha crisis tiene varios factores que la originan, entre los que se pueden identificar la deficiente cobertura y calidad de los servicios de salud, escasez de alimentos, la falta de oportunidad de empleo para la población adulta y el permanente riesgo de desplazamiento por el accionar de grupos armados.

Para Jorge Otálora, defensor del Pueblo, es innegable la precaria situación de derechos humanos para las diferentes comunidades indígenas que habitan La Guajira, particularmente para la población wayuu y de manera especial para los niños y niñas cuyas edades corresponden a la primera infancia, situación que se ve reflejada en las 43 muertes antes mencionadas y que para el funcionario constituyen una auténtica vergüenza mundial en pleno siglo XXI.

Dentro de los diferentes hallazgos de la Defensoría está la falta de reconocimiento y pago de los gastos de transporte y alojamiento para que sus afiliados accedan a los servicios de salud por parte de algunas agencias del aseguramiento del régimen subsidiado, cuando al respecto hay suficiente jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que para garantizar la atención en salud de personas donde no existe oferta suficiente de servicios de salud, la aseguradora debe pagarle el desplazamiento y el alojamiento al paciente, y cuando lo amerite, también a su familiar o acompañante.

Además de ese problema, se registra que en las rancherías hay ausencia de casi todos los programas de prevención y promoción, la contratación de las actividades de salud pública por parte de las direcciones de salud resulta ser inoportuna y por ello se dan coberturas muy bajas de vacunación. Según la Defensoría, las EPS no cumplen su función de aseguramiento, como tampoco supervisan las IPS que contratan, detectándose que estas últimas carecen de suficiente recurso humano para brindar y garantizar una atención integral a quien allí sea atendido.

Así las cosas, garantizarle a la población indígena de La Guajira el acceso a temas elementales como la alimentación, el agua y los servicios de salud se constituye en un reto de inmediato y obligatorio cumplimiento para el Estado, de lo contrario serán más de 43 los niños que morirán allí por desnutrición en el 2015.

Ulahy Beltrán López, ubeltran@hotmail.com, @ulahybelpez

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